José Sanz - Director Jurídico
Situación Jurídica del Sector Eólico en Galicia
El sector eólico en Galicia se encuentra en una situación de incertidumbre legal debido a la paralización de numerosos proyectos en desarrollo, todos ellos con la Autorización Administrativa Previa y de Construcción aprobada por parte del organismo competente, con el fin de no alcanzar el inicio de obras y su correspondiente entra en operación. Esta situación ha sido ocasionada por las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), que ha suspendido más de 60 proyectos en respuesta a recursos interpuestos por colectivos y asociaciones ecologistas, así como por vecinos preocupados por el posible impacto ambiental y paisajístico de estas instalaciones.
Evaluación de Impacto Ambiental y Exposición Pública
La Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, regula el marco legal para la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos industriales que se desarrollen en España. Según esta normativa, todos los aspectos relevantes del proyecto deben someterse a un proceso de información pública, permitiendo así que los ciudadanos y las partes interesadas presenten alegaciones y observaciones basadas en una información completa y precisa que debe aportar el promotor del futuro proyecto.
Los informes sectoriales son evaluaciones específicas realizadas por distintos organismos públicos que analizan el impacto del proyecto en áreas como la biodiversidad, la salud pública, la infraestructura o el patrimonio de la zona afectada. La normativa exige que estos informes se incluyan en el expediente administrativo sometido a información pública.
Argumentación del TSXG
El TSXG ha acordado la suspensión cautelar de varios proyectos argumentando que los informes sectoriales no estaban disponibles durante la exposición pública inicial, vulnerando así el derecho de los ciudadanos a una participación informada. Según el tribunal, para que la exposición pública sea efectiva, todos los informes sectoriales de los organismos afectados deben estar disponibles desde el inicio del proceso a todas las partes interesadas, alegando el principio de transparencia, esencial en los procedimientos de evaluación ambiental.
Esperanza de Resolución en el Tribunal Supremo
En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tomado una posición relevante respecto a los proyectos eólicos en Galicia. Recientemente, el TSJM desestimó la solicitud de una asociación medioambiental para la suspensión cautelar de un proyecto eólico ubicado en A Coruña. La competencia de este tribunal para decidir sobre esta materia se debe a que el proyecto eólico en cuestión es tramitado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), al superar los 50 megavatios de capacidad instalada.
El TSJM, sin embargo, consideró que la declaración de impacto ambiental ya evalúa todas las posibles incidencias y puntualizó que la paralización del proyecto podría causar perjuicios irreversibles, como la pérdida de permisos de acceso y conexión. Esta decisión es contraria con las acciones del TSXG.
La disparidad entre los fallos de los tribunales de Madrid y Galicia pone de manifiesto las tensiones legales y administrativas en la tramitación de proyectos de energías renovables, y el Tribunal Supremo tendrá que unificar criterios en el futuro.
Se espera que el Tribunal Supremo (TS) emita un fallo decisivo sobre esta cuestión a finales de 2024. Este fallo podría clarificar si los informes sectoriales deben estar disponibles durante la exposición pública inicial o si pueden ser incluidos posteriormente. La decisión del TS será crucial para establecer una jurisprudencia clara que proporcione seguridad jurídica tanto a las administraciones como a los promotores de proyectos eólicos.
Influencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) también ha tenido una influencia notable en este contexto. En varias ocasiones, el TJUE ha enfatizado la importancia de la participación pública efectiva en los procedimientos de EIA, subrayando que todos los documentos relevantes deben estar disponibles durante la exposición pública para garantizar una evaluación completa y transparente de los impactos ambientales.
Asimismo, el TSJX planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE, la cual se centra en la necesidad de que los informes sectoriales sobre proyectos eólicos sean accesibles al público interesado antes de la autorización de dichos proyectos. El TSXG busca aclarar si la normativa española y gallega ha traspuesto adecuadamente las exigencias de la Directiva 2011/92/UE en cuanto a la evaluación de impacto ambiental.
Posibles escenarios futuros
Para la tranquilidad de los promotores afectados, se aprobó la Enmienda 118 al proyecto de ley derivado del RDL 8/2023, que permite detener los plazos cuando medidas cautelares impidan temporalmente cumplir con los objetivos establecidos. De manera similar, la enmienda 119 propone suspender el computo de plazos para demostrar el cumplimiento de hitos específicos durante procesos judiciales que puedan afectar la ejecución de un proyecto.
Conclusión
La situación jurídica del sector eólico en Galicia está en un punto crítico. La insistencia del TSXG en la disponibilidad temprana de los informes sectoriales ha llevado a la paralización de numerosos proyectos y a una considerable inversión en riesgo. La esperada decisión del Tribunal Supremo, junto con la influencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, será determinante para definir el marco legal y administrativo que regirá el desarrollo de la energía eólica en la región. Esta resolución podría proporcionar la seguridad jurídica necesaria para reactivar las inversiones y avanzar en el desarrollo sostenible de la energía eólica en Galicia, contribuyendo así a los objetivos de transición energética de España.
Asimismo, la paralización de más de 60 proyectos eólicos ha tenido un impacto económico significativo, afectando tanto a las empresas promotoras como a las comunidades locales. La suspensión de estos proyectos representa una capacidad instalada de alrededor de 3.000 MW, lo que supone un retraso considerable en los objetivos de desarrollo de energías renovables en la región, así como en los objetivos marcados por el MITECO en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
José Sanz es Director Jurídico en Grupo Arrate y Director de Desarrollo de Negocio en Aratel, por lo que su máxima responsabilidad es la supervisión legal de la actividad de ambas compañías. Licenciado en Derecho y Marketing, cuenta además con un Máster en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana de México, habiendo dirigido múltiples proyectos tanto en España como en México.
